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En el Amazonas brasileño, mientras que la deforestación alcanza niveles récord y los ríos cada vez están más contaminados, la minería ilegal de oro continúa contribuyendo a estos problemas sin cesar. La respuesta del Gobierno ha sido aumentar las acciones militares para frenar los delitos ambientales en el país. No obstante, lejos de alcanzar estos propósitos, la intervención militar en la región, de forma directa o indirecta, sólo ha conducido a tragedias.

Hace dos años, una fuente en la Amazonía escribió a Revista Ópera para alertarnos sobre algo raro que estaba ocurriendo allá: el oro extraído ilegalmente estaba siendo vendido al mismo precio que el legal. “Si la pepita de oro es grande”, decía la fuente, “le dan al minero un pago extra”. No hubo una investigación basada en esa información ya que hubiese requerido grandes recursos y riesgos, lujos que no podíamos sostener. Se trata de otra historia fascinante enterrada en el inferno verde o El Dorado, términos que usualmente se emplean para describir la inmensidad de la selva amazónica.

Para agosto de 2021, un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y el Ministerio Público Federal (MPF) demostraba que en dos años (2019 y 2020) el 28% de todo el oro que era tanto producido como vendido en Brasil parece haber sido extraído ilegalmente. Tal vez una entrada aurífera tan grande por alguna razón excepcional tendría un efecto en el precio pagado por minarlo en un momento determinado, o – como llegamos incluso a creer – la información suministrada por nuestra fuente no era real.

El estudio también manifestaba que, de ese oro producido en la Amazonía, el 44% resultaba ser “irregular” o ilegal, revelando cómo esta actividad continuaba realizándose sin supervisión en la región.

El Amazonas ha sido una obsesión multifacética del ejército brasileño desde hace ya un tiempo. Durante la dictadura militar, que comenzó en 1964, el lema asociado a la política que debía ejercerse en la región era “integrar para no entregar”. Más adelante, el lema se ajustó a la perspectiva de la Amazonía como posible escenario de una insurrección. En los 80 y 90, los generales brasileños enfocarían su atención en la incursión de guerrillas de izquierda colombianas y en el tráfico de drogas y armamento. Para ellos, la integración del Amazonas era parte de lo que los institutos militares pasarían a denominar el “proyecto nacional”.

Durante el mandato del presidente Jair Bolsonaro la atención de los medios se ha enfocado en la deforestación. A pesar de la cobertura de los cielos oscurecidos que cubrieron a las principales ciudades del país –en pleno día– durante agosto de 2019, cuando el humo de los incendios forestales las envolvió revelando el alcance de la deforestación, un hecho ha permanecido oculto: la militarización del Amazonas.

En el Gobierno Bolsonaro han sido promulgadas tres operaciones militares de Garantía de la Ley y el Orden (GLO) para reducir la deforestación: Operación Verde Brasil, que se ejecutó de agosto a octubre de 2019; Operación Verde Brasil 2, entre mayo del 2020 y abril de 2021; y Operación Samaúma, de junio a agosto de 2021. Estos decretos le confirieron a las fuerzas armadas brasileñas poderes para tomar “acciones preventivas y represivas contra delitos ambientales” y la “vigilancia y el combate de incendios”. En total, de los 41 meses que han transcurrido desde que llegó al poder el Gobierno de Bolsonaro, el Amazonas ha estado bajo control militar 17 de ellos.

Asimismo, en febrero de 2020 también fue restablecido el Consejo Nacional de la Amazonía Legal, con su presidencia transferida del Ministerio del Ambiente a la vicepresidencia. El consejo actualmente lo preside el general del ejército y vicepresidente Hamilton Mourão y lo componen 16 ministerios (siete de los cuales estaban bajo dirección de oficiales del ejército al momento en el que el decreto restablece el consejo). El propósito general del mismo es coordinar e integrar las acciones de estos ministerios en los asuntos relacionados con la Amazonía, “fortalecer la presencia del estado en la Amazonía Legal” y “coordinar acciones para la prevención, inspección y represión de actos ilícitos”. Además de esto, el consejo es el responsable de crear subcomités especiales e invitar a “especialistas y representantes de los organismos o entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales”.

A pesar de este mandato del consejo, no fueron convocados a formar parte ni gobernadores, ni representantes del Instituto Brasileño para el Ambiente y Recursos Naturales (Ibama, por sus siglas en portugués) o la Fundación Nacional Indígena (Funai) (dos organizaciones gubernamentales que trabajan en la protección del ambiente y las poblaciones originarias del Amazonas), tampoco fueron convocados pueblos indígenas o las mismas comunidades originarias, pero fueron nombrados 19 oficiales del ejército para los comités temáticos del organismo – cuya composición la decide el vicepresidente Mourão – además de cuatro delegados de la Policía Federal.

Un artículo de la periodista Marta Salomon publicado en la revista Piauí en octubre de 2020, manifestaba que durante la Operación Verde Brasil 2 hubo “un reforzamiento militar con dinero del Amazonas”: renovaciones en las barracas que incluían pintar las paredes, reemplazar pisos, puertas, mano de pintura y techos que formaban parte de los gastos de la operación, además de los desembolsos secretos en contratos con el Centro de Inteligencia del Ejército con compañías privadas. Al caer la inversión en la preservación de la selva para el Ministerio del Ambiente, las destinadas a las misiones militares de la GLO en la región aumentaron un 178%: en 2021, el 37% del gasto total para detener la deforestación se destinó a acciones militares.

Otra medida del Gobierno que involucra al ejército (u otra medida del ejército que involucra al Gobierno) fue la “intervención” del Funai, la agencia oficial brasileña responsable de la protección y la promoción de los derechos indígenas. En un artículo de Daniel Giovanaz de febrero de 2021 reveló que “de las 24 coordinaciones regionales de la Funai en la Amazonía Legal, 14 estaban bajo dirección militar”. Uno de estos coordinadores era Jussielson Gonçalves Silva, un soldado inactivo de la armada que fue arrestado en marzo de este año por negociar el arrendamiento de tierras indígenas para ganaderos en Ribeirao Cascalheira, en Mato Grosso. Otro artículo de Marta Salomon de octubre del 2021 mencionaba el caso del capitán del ejército Raimundo Pereira dos Santos Neto, coordinador regional del Funai en el estado de Pará, que había enviado una carta a la organización informándoles que un “colaborador”, Antônio Júlio Martins de Oliveira, había construido una boyera en las riberas del río Iriri so pretexto de servir al pueblo indígena Kayapó de la región. El colaborador era un minero ilegal, y la boyera del Funai era usada para sus actividades ilegales, según el artículo de Salomon.

Como se reportó anteriormente, las tres operaciones de la GLO que constituyeron la intervención militar en el Amazonas por año y medio costaron 550 millones de reales – casi seis veces el situado de Ibama para inspección ambiental, emisión de licencias y administración de biodiversidad en 2020 – y, según Folha de S. Paulo, fracasó en contener la deforestación en la zona. El Gobierno brasileño dijo que las operaciones “dan fe de la intransigencia en la defensa de nuestro territorio”.

El vicepresidente general Mourão, presidente del consejo, declaró que los resultados de la Operación Samaúma eran “extremadamente positivos”, a pesar de la data que demuestra que durante las operaciones de las GLO, la deforestación continuó incrementando. En abril de este año, el vicepresidente dijo que los datos sobre deforestación en la selva tropical amazónica para ese mes – cuando ya no había operación militar activa – fueron “terribles, horribles”. Esto genera interrogantes sobre las contradicciones en las declaraciones realizadas por Mourão durante y después de las operaciones de la GLO y los resultados finales de la intervención militar en el Amazonas; con la situación pasando de “extremadamente positivo” en agosto de 2021 durante la Operación Samaúma a “terrible, horrible” apenas unos cuantos meses después, una vez culminada la operación.

Los asesinatos del indigenista Bruno Pereira y el periodista inglés Dom Phillips, que desaparecieron el 5 de junio en Vale do Javari, estado de Amazonas, sin lugar a dudas no tienen que ver –directamente– con la intervención militar en la Amazonía, a pesar del retraso en el inicio de las operaciones de búsqueda por parte de las fuerzas armadas y el escándalo sobre las notas emitidas por el Comando Militar de la Amazonía (CMA), diciendo que estaban “esperando la orden de las altas esferas”. De forma indirecta, sin embargo, el título de un artículo escrito por Phillips en 2018 explica claramente el papel desempeñado por la intervención militar en sus asesinatos: “Tribus en aguas profundas: oro, armas y la frontera final del Amazonas”.


 

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